El acuerdo que han firmado el Gobierno socialista y Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019, y que lleva como subtítulo “Presupuestos para un Estado Social” ha levantado una inmediata polvareda política. Era lógico que fuera polémico porque aumenta las posibilidades de que, en el caso de que se aprueben, la Legislatura pueda ser completada. Pero también por su contenido. Intentaremos analizar este en unas pocas líneas.
La primera característica del acuerdo es que destaca por su amplitud y por el carácter diverso de las medidas. El texto lista más de setenta agrupadas en catorce ámbitos de actuación. En segundo lugar, esos ámbitos se refieren desde luego a los principales capítulos de las políticas sociales, pero incorporan también otros aspectos destacables, como las medidas sobre fiscalidad, energía, ciencia o calidad democrática, entre otros, que asimismo afectan a amplias capas de la población. En tercer lugar, las medidas planteadas varían considerablemente en cuanto a su calado y naturaleza. Muchas abordan actuaciones directas que implican dedicar recursos económicos concretos, pero en no pocas ocasiones se refieren a reformas que pretenden cambiar el marco normativo y la regulación de un conjunto de políticas públicas como las que se dirigen al mercado de trabajo, al sistema eléctrico, a los alquileres y algunos más, que tienen una incidencia considerable sobre los ciudadanos tanto como sobre el funcionamiento de la economía. En cuarto lugar, en fin, las medidas se caracterizan lógicamente por no agotar en absoluto las actuaciones necesarias en los distintos ámbitos. Son parciales en cuanto a los ambiciosos objetivos que afirman perseguir, porque se sujetan, por un lado, a actuaciones concretas y a las limitaciones de gasto de un solo ejercicio presupuestario, y por otro, porque precisan de planteamientos más amplios y desarrollos legislativos mucho más extensos y complejos.
Un acuerdo político que supera el marco presupuestario
El acuerdo, por lo tanto, señala más bien la dirección en la que los firmantes pretenden desarrollar en el tiempo las políticas relativas a los diversos ámbitos que lo componen. Una dirección que, obvio es decirlo, supone un giro copernicano respecto a la orientación que en la mayoría de los campos se ha seguido durante muchos años, y en particular respecto a la mantenida bajo los gobiernos de la derecha.
Dado que está fuera de las posibilidades de este artículo analizar cada uno de los componentes del acuerdo, las dos cuestiones que han centrado rápidamente los debates en torno al acuerdo merecen un comentario. Primero, las posibilidades de encaje presupuestario en el marco de cumplimiento de la senda de reducción del déficit público. Y segundo, determinadas medidas que han causado inmediatas reacciones en contra.
La cuantificación del gasto que suponen las medidas contenidas en el acuerdo corresponde desde luego al Gobierno, máxime porque las realizadas en el documento, que carece de una verdadera memoria económica, son heterogéneas y carecen de una metodología común. Tampoco se dispone de las correspondientes a los ingresos. El encaje presupuestario habrá de materializarse en los documentos correspondientes y ser revisado y validado por la AIREF y las autoridades comunitarias. Pero, cabe señalar que en conjunto las medidas de gasto contempladas en absoluto suman cifras como las que interesadamente se han exagerado con la intención de argumentar que son insostenibles.
Las partidas de mayor importancia cuyo coste calculado con una mayor fiabilidad figura en el acuerdo son los cerca de 1.100 millones de euros destinados al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (cerca de 400 de los cuales se dirige al aumento de las pensiones mínimas), los 580 millones en el capítulo de educación, pero cuya incidencia solo afectará a una parte minoritaria del ejercicio 2019, los 830 millones para Dependencia (315 para restituir las cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales, lo que incrementará los ingresos de la Seguridad Social reduciendo su déficit), los 623 millones destinados al empleo (340 por el efecto sobre presupuestos de la subida del SMI) y a la protección por desempleo (323 derivados del aumento de beneficiarios y la mejora de prestaciones a los mayores de 52 años, que fueron recortadas por el PP, y parte de los cuales serán asimismo ingresos para la Seguridad Social), 505 millones para mejorar la protección familiar (180 para aumentar las prestaciones por hijos, pero otros 300 para mejorar la educación entre 0-3 años serán con cargo a los ayuntamientos con superávit), los 353 millones de incremento de los presupuestos para Ciencia e Innovación, 520 millones para aumentar la duración de los permisos de paternidad (300 millones) y para dotar el Plan de Estado contra la Violencia de Género (220). En conjunto, estas partidas suman unos 4.200 millones de euros de gasto que en parte podrían estar ya contabilizados en las cuentas previstas para 2019 y en algún caso son gasto del Estado pero ingresos de otras administraciones públicas.
La revisión de la senda de reducción del déficit, el incremento de ingresos públicos por el crecimiento del PIB nominal, y el efecto de las medidas fiscales contempladas en el acuerdo (las relativas al IRPF podrían tener un impacto recaudatorio sobre los contribuyentes de rentas muy altas de 860 millones, según estimaciones de Gestha, pero la recaudación de una parte puede retrasarse hasta el ejercicio siguiente), en especial el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, pueden asegurar el encaje presupuestario del anterior incremento del gasto, a expensas de los cálculos precisos que ofrezca el Gobierno y de la incidencia temporal de estas medidas de ingresos sobre una parte mayor o menor del ejercicio 2019.
Medidas fiscales para contribuyentes de rentas altas
Respecto a las medidas que han centrado inmediatas reacciones en contra, dejando a un lado las objeciones políticas de las fuerzas de la derecha respecto a la orientación progresista sobre el carácter social de las medidas que conforman el acuerdo, destacan nítidamente tres cuestiones. Por un lado, las medidas fiscales, naturalmente. Las rentas sobre las que recaen de forma muy mayoritaria los incrementos de los gravámenes fiscales son las correspondientes a los grupos de contribuyentes de rentas más elevadas y las grandes empresas. Aumento de los tipos de la tarifa del IRPF para los perceptores de rentas superiores a los 130.000 euros (dos puntos porcentuales) y a los 300.000 euros (cuatro puntos), a lo que hay que sumar la subida de cuatro puntos a los perceptores de rentas de capital superiores a los 140.000 euros y el incremento de un punto en el impuesto de Patrimonio para los detentadores de riquezas superiores a los 10 millones de euros. Además, se incrementan los controles sobre las SICAV y las SOCIMIS, dos vehículos fiscales mayoritariamente utilizados por los perceptores de rentas de capital y de rentas inmobiliarias muy elevadas. Se introduce también un impuesto sobre las transacciones financieras del 0,2% en la compra de acciones de empresas españolas cotizadas y con capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Y en el caso de las empresas, se establece un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que no podrá ser rebajado por las cuantiosas deducciones que les están sirviendo a las más grandes para reducir la factura fiscal que pagaban antes de la crisis.
Es evidente que todas las medidas se concentran y aumentan las contribuciones fiscales no de las capas medias y bajas sino de las más pudientes y favorecidas, así como de las empresas y grupos empresariales con mayor capacidad de influencia política. De forma que la factura fiscal, o al menos una parte de la misma, de las nuevas medidas sociales –que beneficiarán a las capas sociales menos favorecidas- se financiará con el incremento de los impuestos a las capas más altas de la sociedad. Sin que esto por sí solo signifique ni mucho menos que se corregirán las inequidades fiscales del sistema tributario español, ni menos aún que se invertirá de forma relevante la desigualdad en la distribución de la renta, se trata evidentemente de un paso –casi el primero en muchos años- en esa dirección, lo que sin duda levantará considerables resistencias y una ‘movilización’ en contra de esas capas privilegiadas y grupos de influencia.
Compromisos de reforma del sistema eléctrico y del marco laboral
En parte vinculado con las medidas fiscales en esa reacción contraria, se encuentran otro grupo de iniciativas entre las que, entre otras, sobresalen las dirigidas a reformar aspectos clave de la regulación del sistema eléctrico, que afectan, fundamentalmente, a la sobre retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas que desde hace décadas recibe el oligopolio del sector con cargo a los consumidores. Un asunto que esas empresas han peleado –y logrado- por mantener frente a todos los gobiernos anteriores y bien alejado del conocimiento de los usuarios.
Por último, se sitúan las medidas de índole laboral, que persiguen invertir algunos (unos pocos) aspectos clave de la reforma laboral del PP de 2012. A las cuales se une un notable incremento del Salario Mínimo legal, que obligatoriamente habrá de ser aplicado a todos los trabajadores, que son muchos, cuyas retribuciones sean inferiores al mismo. Una subida tal cancela parcialmente (para los grupos de asalariados de menor renta) la actuación de las medidas que llevan seis años provocando una considerable devaluación de los salarios, los cuatro últimos con fuerte crecimiento de la economía y de los beneficios empresariales, por no mencionar la caída de los salarios en las nuevas contrataciones.
Estos tres grupos de medidas, en conjunto, más aún que las propias medidas de incremento del gasto social, significan un cambio completo en la orientación y la dirección de importantes aspectos de la política económica, y puede esperarse que ocasionarán una poderosa reacción contraria de los grupos de intereses afectados y de aquellos que han defendido y logrado el mantenimiento durante tanto tiempo de las políticas económicas de la derecha.
