No puedo calificar de otra manera que de indecente la forma de actuar del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de su propio departamento. Es indecente culpar de la desviación del déficit público a las comunidades autónomas, pero aún lo es más culpar a la Seguridad Social y de manera más concreta a las pensiones. Porque es falso y porque cuando Montoro analiza las causas del déficit ya está apuntando los recortes: de esta forma pretende iniciar el debate y generar el clima de opinión necesario para realizar nuevos recortes en educación, sanidad, servicios sociales, etc, y una nueva reforma del sistema de pensiones, o lo que verdaderamente significa: recortar las pensiones actuales y futuras, rebajar los derechos de los pensionistas actuales o futuros.
El verdadero causante de esta desviación del déficit en la Seguridad Social es la reforma laboral, que ha provocado una precarización de las condiciones de trabajo y contratación que suponen menores salarios y menores cotizaciones sociales: de 2011 a 2015, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha caído en 309.000 personas, un 1,8%; sin embargo, los ingresos totales por cotizaciones han descendido un 4,6% en el mismo periodo, lo que supone una pérdida de 4.800 millones de euros.
Y prueba de esa precarización permanente son los datos de paro registrado del mes de marzo: solo el 9,9% de los contratos registrados ese mes son indefinidos y únicamente el 5,7% del total son indefinidos a tiempo completo, pero que es aún más grave en el caso de los jóvenes, porque sólo un 12% de los contratos indefinidos registrado en marzo fueron para menores de 25 años, unas dinámicas que están produciendo peores cotizaciones a la Seguridad Social desde el año 2011. Para UGT, resulta imprescindible reponer los derechos de los trabajadores y derogar en su totalidad las reformas laborales, que solo han traído más despidos y mayor precarización y deterioro del empleo.
Una Europa indecente
Pero si tengo que hablar de indecencia no puedo terminar este artículo sin referirme a una de las mayores ignominias que Europa está protagonizando desde la Segunda Guerra Mundial. La expulsión de refugiados que se inició el pasado lunes, fruto del acuerdo UE-Turquía sobre refugiados, supone una traición de los gobernantes europeos hacia la ciudadanía, que dijo que no a ese tratado, que dijo que no se puede tratar a las personas como mercancía, que dijo que no se puede tratar a los refugiados como moneda de cambio, que dijo el derecho de asilo no puede subordinarse a intereses políticos o de otro tipo, y que exige la prevalencia de una Europa social en la que se respete la legalidad internacional y el derecho fundamental de asilo. Hay que recordar que, además, la mayor parte de los refugiados en Grecia son sirios y afganos, que tienen derecho de asilo por proceder de países en guerra.
Considero igualmente indecentes las prisas y celeridad con la que se están realizando las deportaciones, mientras muchos países europeos tardan meses para cumplir con sus compromisos, ya que ni siquiera han acogido aún el número de refugiados asignados. Y baste como ejemplo de esta indecencia que España, de los casi 18.000 asilados asignados, sólo ha acogido a 18.
Y son igualmente las afirmaciones del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, al decir que España actúa “con responsabilidad y solidaridad” en la crisis humanitaria en Europa y que “logró” que el acuerdo firmado entre la UE y Turquía recogiese expresamente la prohibición de las devoluciones masivas de refugiados, y que “España advirtió que no podía aceptar soluciones que no respetaran plenamente esa legalidad, tanto europea como internacional”.
Por favor, os invito a sacar vuestras propias conclusiones.
