Desde hace meses y ante la inminencia de la próxima contienda electoral, se han alzado muchas voces, en diferente sentido, hablando de una de las actuaciones fundamentales del gobierno del PP, me refiero a la Reforma laboral que alcanzo su mayor zenit con el RD ley 3/2012 y posteriormente con la Ley 3/2012. Las políticas de austeridad llevadas a cabo precisaban de cambios profundos de distintos marcos legislativos, pero el laboral era esencial para conseguir una doble finalidad, de una parte para reducir el déficit público, y eso solamente se puede conseguir o bien abaratando y empobreciendo las condiciones laborales de empleados públicos y el conjunto de personas trabajadoras o bien con una nueva política fiscal que haga que el estado obtenga más ingresos, sobre todo de aquellos que disponen de más recursos y pagan menos, así como el combate del fraude fiscal.
La segunda finalidad era cambiar el actual modelo de relaciones laborales, aprovechando, no solamente la mayoría absoluta del PP, sino el miedo de un ejército de reserva de parados que alcanza a casi un 25% de las personas con capacidad de trabajar. Cambio de modelo laboral, que abarata el costo de la mano de obra, pero que además desequilibra a favor de los empresarios la toma de decisiones, en todos y cada uno de los asuntos de carácter colectivo, es decir dándole al contrato laboral el carácter como si se tratase de una mercancía más y no una relación más justa y equilibrada, y de otra parte alterando las reglas de juego de la negociación colectiva, dejando aun más el poder en manos empresariales y debilitando al movimiento sindical.
Pues bien, ante este panorama y ante la posibilidad de un posible cambio de ciclo político, desde diferentes sectores y formaciones políticas se manifestaron que al igual que en otras decisiones tomadas por el gobierno del PP, en caso de alcanzar el poder se “derogarían”, manifestaciones que se realizaron sin matices, sin mayor concreción. Algunos que empezamos a sumar años y en buena parte dedicados a los asuntos sindicales y los relacionados con el mundo del Derecho del Trabajo, somos bien conscientes que las reformas no suelen venir para ser cambiadas a corto plazo, sino que normalmente vienen para quedarse, y aquí es donde empiezan los matices.
A mi entender abordar los cambios que han operado en nuestro país, en los últimos tres años, en materia laboral, no se debería hacer a partir de una serie de consignas como la de “derogación” o “reforma de la reforma”, sino que en primer lugar deberíamos saber qué es lo que no queremos del actual marco legislativo y porqué lo queremos cambiar, y eso no se puede hacer ni a golpe de Decreto, ni exclusivamente en comisiones o grupos de trabajo de expertos, sino que debe ser fruto de un nuevo proceso que debe engarzar con la propia reforma de la Constitución, que en el terreno laboral debería adecuarse a la realidad actual del mercado de trabajo, a ese marco de relaciones cada vez más globalizado y por supuesto al desarrollo de las nuevas tecnologías, que de facto han creado nuevas figuras y formas de prestar el trabajo, sin olvidarse de las tradicionales.
Ese proceso, que a mi entender debe engarzar con la propia reforma Constitucional, debe tener varias premisas, una seria la observancia de los principios rectores del Derecho del Trabajo, que recogen los Convenios Internacionales de la OIT y otros instrumentos internacionales que nuestro país tiene suscritos, la propia doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, que es amplia y equilibrada, y digo esto antes de que el actual Tribunal Constitucional des constitucionalice, lo que a lo largo de casi tres décadas se ha ido construyendo.
La actual Constitución sitúa a sindicatos o los derechos a la libertad sindical y de negociación colectiva, en un reconocimiento que no tienen por igual empresarios u otras formas de representación laboral, con el fin de equilibrar una relación que no es mercantil, ni entre iguales (la de empresarios y trabajadores), las leyes que deben desarrollar las mismas como la del Estatuto de los Trabajadores o la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical precisan de ser re discutidas y actualizadas, así como las propias de un sistema de prestaciones de la Seguridad Social, y ello debe hacerse de una parte con la participación de los agentes sociales y de otra el movimiento sindical ha de ser capaz de trasladar a los centros de trabajo las propuestas que se puedan hacer, que deberían ser debatidas y asumidas por una mayoría de personas trabajadoras.
¿Y mientras se debate, en grupos de trabajo de expertos, grupos parlamentarios, agentes sociales, etc., que hacemos derogamos o simples retoques a lo actual y abrimos el proceso de fondo?
A fecha de hoy me parece que no todos entendemos de igual manera que quiere decir derogar la reforma laboral o reformarla parcialmente? Mientras tanto qué hacer? el despido, los no salarios de trámite, la menor cobertura del Fondo de Garantías Salariales, el desempleo y su cobertura, los asuntos colectivos como convenios, inaplicación de los mismos, modificaciones de condiciones de trabajo, expedientes….. y un largo etc., que hemos visto transformado en los tres últimos años sigue indicando un resultado de: cada vez un trabajo más precario, más indigno, peor conciliado con la vida familiar….
Ciertamente lo que me pide el cuerpo es que el Estatuto de los Trabajadores, volviese al redactado del día anterior al RD ley 3/2012, y empezar a discutir el futuro y su necesaria actualización, pero también soy consciente de que las mayorías que se puedan configurar después del 20 de diciembre no están por la labor, y finalmente me quedara lo que he hecho en estos más de 45 años de vida laboral: luchar, luchar y luchar, aunque algunas veces sea para no ir demasiado para atrás, pero siempre con la utopía de avanzar hacia un mundo más justo, y eso si que no me lo pueden sustraer nadie, ni con Reales Decretos, ni Leyes Mordaza.
