La previsión social complementaria, nacida para incrementar y consolidar el sistema público de pensiones se ha desarrollado donde se podía esperar que lo hiciera,- las grandes empresas y, aunque con poca aportación, en las Administraciones Públicas-. Por el contrario en la pequeña y mediana empresa, su desarrollo ha sido reducido.
En lo que se refiere a los derechos de previsión social complementaria que fueron establecidos en la segunda mitad del siglo pasado, su proceso de maduración a lo largo de las últimas 3 décadas, es evidente. La existencia de dobles escalas en las aportaciones en función de la fecha de ingreso; la diferenciación entre colectivos con derechos de prestación definida y otros con sistemas de aportación definida, dentro de la misma empresa o sector, allí donde el movimiento sindical no ha sido capaz de evitarlo; son, entre otras, causas de una tendencia de crecimiento más lento según han ido pasando los años.
Por otra parte, la previsión social complementaria no ha sido ajena a la crisis económica del país y también se ha visto afectada por las reformas del gobierno. En este sentido, la reforma laboral facilitó a las empresas la reducción o la eliminación de sus compromisos, al modificar los artículos 41 y 82 del Estatuto de los trabajadores. Adicionalmente, desde el año 2012 las aportaciones a previsión social complementaria están prohibidas en el sector público.
Como consecuencia de esta situación, las contribuciones de los promotores a los planes de pensiones, la figura relevante dentro de la previsión social complementaria, se han visto reducidas en la crisis desde los 1.600 millones de euros del año 2009 a menos de 1.000 millones en 2013.
El futuro próximo no parece más boyante. En esta crisis se ha producido un tremendo incremento de la desigualdad, incluso dentro de las personas que mantienen su empleo. En un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se muestra como España ha sido el país del mundo donde más ha crecido la desigualdad, no solamente por pérdida de empleo sino por el comportamiento de los salarios. La renta disponible real de los hogares se ha visto reducida un 4,36% de media en España, frente al 0,4% de la media de la OCDE, con grandes diferencias por niveles salariales. Así, la reducción de renta del 10% de personas con mayor y menor renta, respectivamente, ha sido en la OCDE del 1,7% y el 0,7%. En España esos porcentajes han sido el 12,9% y el 1,4%, respectivamente.
En otras palabras, se ha producido una importante devaluación salarial, que en España ha sido asimétrica, cargada, con mayor intensidad, sobre las espaldas de las clases trabajadoras con menor ingreso. Dado que precisamente, ha sido a estas personas a las que apenas ha llegado la previsión social complementaria, no parece previsible un futuro desarrollo, cuando muchos de ellos tienen difícil llegar a final de mes. Recordar en este sentido que más del 12% de los trabajadores están en riesgo de pobreza, porcentaje muy superior a la media europea.
Si nos centráramos en la previsión social complementaria y, en particular, dentro de ella en los planes y fondos de pensiones de empleo, nos encontramos con un problema de atomización. El 50% de los planes de pensiones no llegan al millón de euros de patrimonio y el 50% de los fondos de pensiones, que integran estos planes, no llegan a 15 millones de euros, lo que dificulta la gestión y el control de éstos. Es necesario, por tanto reordenar el tamaño de los mismos.
A pesar de ello, el sistema de empleo sigue siendo bastante mejor que el sistema individual, en parte por su mayor control a través de los órganos paritarios de seguimiento y control constituidos por representantes de los trabajadores y de las empresas, en parte también y consecuencia de lo anterior, por las menores comisiones que soportan. Los planes del sistema individual pagan, anualmente en promedio, un 1,55% del patrimonio frente el 0,225% de los de empleo. Esas diferencias, a lo largo de una vida laboral, pueden suponer hasta un 50% más de prestación.
Estos datos nos llevan a mantener nuestra opinión de que la previsión social complementaria o se extiende a través de la negociación colectiva en la empresa o sector, o no será. Por ello, las políticas de estímulo indiferenciadas entre sistemas de empleo e individuales no sirven para la función social que se pretende tengan estos instrumentos: generar rentas complementarias a las del sistema público de pensiones y mejorar las tasas de ahorro a largo plazo de la economía. Cosa que redunda en la consiguiente mejora en su capacidad de inversión y financiación de políticas públicas (deuda de las administraciones públicas) o inversión privada (emisiones de las empresas para financiarse directamente).
Todo ello debería llevar al poder ejecutivo y al legislativo a repensar los estímulos que hoy existen y reorientar los esfuerzos hacia los sistemas colectivos vinculados a la negociación colectiva. En ese sentido, las medidas aprobadas en la reciente reforma fiscal, favorecedoras del ahorro individual mediante la creación de productos de ahorro a 5 años – con exención fiscal para los rendimientos de estos productos, van a consumir recursos sin ningún objetivo concreto, más allá de favorecer su comercialización en el sector financiero y, en menor medida en el asegurador. Frente a ello, se han disminuido los incentivos a la constitución de planes de pensiones de la modalidad de empleo, en lo que aparece como una muestra más de la improvisación, falta de modelo definido y comportamiento reactivo ante las presiones del sector financiero y de gestión de fondos de pensiones, que venimos padeciendo en los sucesivos gobiernos desde hace ya demasiados años.
