El 8 de Junio se ha firmado el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017, alcanzado entre las organizaciones empresariales y las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT.
El Acuerdo va a servir para dar mayor protagonismo a los convenios colectivos y con ellos al sindicato en el próximo periodo, que debe ser el de la consolidación del cambio de ciclo económico, en el que el empleo, los salarios y la igualdad, es decir las personas, ocupen un papel relevante en el proceso de cambio real que debe haber en España.
Es un instrumento orientado a extender la negociación colectiva para la mayoría de la población asalariada, y debe significar una recuperación del consumo, por tanto de la demanda, y un impulso de la actividad económica.
Con este Acuerdo se pone fin a la devaluación salarial y a la precarización del empleo, potenciando la estabilidad de la contratación y los instrumentos de flexibilidad interna negociada frente al uso abusivo de los despidos, como método recurrente del ajuste empresarial.
El Acuerdo es algo más que un pacto salarial, es una enmienda a las últimas reformas laborales, y a la legislación antisindical, aprobadas por los gobiernos desde el año 2010. Una apuesta por la negociación colectiva y por el ejercicio de la autonomía de las partes, que las reformas laborales han intentado debilitar.
Para la Confederación sindical de CCOO, el empleo de calidad a través de la contratación indefinida, y el inicio de una senda de crecimiento y recuperación del poder adquisitivo de los salarios, son los objetivos sindicales del AENC, y en este sentido queremos que se conviertan en el eje vertebrador de la negociación de todos los convenios.
Mención importante a destacar es lo concerniente al papel del convenio sectorial, como herramienta para regular, desarrollar y adaptar al sector todos los elementos plausibles de negociación, junto a la potenciación de las Comisiones Paritarias y la utilización de los Sistemas de Mediación y Solución de Conflictos. También el capítulo dedicado a la ultraactividad, que recoge las pautas para su regulación convencional, incorporando las medidas pertinentes a fin de preservar la continuidad de los convenios.
Los contenidos salariales del Acuerdo establecen que, durante su vigencia, las rentas salariales deben recuperar el poder adquisitivo, y que este debe hacerse por la creación de empleo y el incremento salarial en términos reales.
La cláusula de garantía salarial establecida, que operará sobre 2015 y 2016, garantiza el incremento salarial, y tiene la gran virtud de estar referenciada a la inflación.
La negociación del III Acuerdo se ha realizado en una situación de deflación (inflación negativa), con unas referencias del Gobierno del PP, plasmadas en el incremento del Salario Mínimo Interprofesional de un 0,5%, y de un incremento para la revalorización de las pensiones de un 0,25%, fiel a sus políticas de austeridad. A ello hay que sumar las recomendaciones para la negociación colectiva de las empresas públicas, dictadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que ordenan un 0% de incremento de las retribuciones con respeto a 2014, y no pactar incrementos salariales o cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC u otros índices de precios generales, así como reforzar las políticas unilaterales de los poderes empresariales, en todo lo que se refiere a la organización del trabajo y al establecimiento de derechos y garantías, impidiendo cualquier mejora por encima del ET y de la LOLS.
En definitiva el Acuerdo es una rectificación de las políticas impulsadas por el Gobierno y el Banco de España, y una reafirmación del papel de los sindicatos en la defensa de los intereses de los asalariados y asalariadas.
CCOO ya ha exigido al Gobierno del PP y a su Ministro de Hacienda, la aplicación de este Acuerdo a todos los empleados del sector público.
El acuerdo abre un nuevo tiempo de la negociación colectiva, que debe traducirse en la ampliación de la cobertura de los trabajadores con convenio y en la recuperación de los ámbitos donde se haya podido perder como consecuencia de las últimas reformas laborales.